El juicio por el caso Neymar 2 comienza este lunes. Siete años después de interpuesta la demanda (2015) y nueve años después (2013) de que se produjeran los presuntos hechos delictivos: uno de corrupción entre particulares y otro de estafa. los El caso Neymar 1 concluye con una condena penal al Barça de 5,5 millones por lo que asumió la culpabilidad y las irregularidades fiscales a cambio de que Josep Maria Bartomeu, presidente, y Sandro Rosell, el primero, quedaran exonerados de toda responsabilidad.
La empresa brasileña DIS, que tenía el 40% de los derechos de Neymar, pide penas de cinco años de prisión para Neymar júnior, Rosell (entonces presidente) y Bartomeu (vicepresidente, y también firmante en todos los documentos de la época) y 7 años y 6 meses de inhabilitación para el padre y la madre del futbolista. También se solicita, junto con la Fiscalía, una multa total de 149 millones a los imputados en beneficio del Estado español.
Los representantes del DIS (iniciales de Delcir e Idi Sonda, hermanos creadores del sosteniendo la sonda, que es la matriz) han explicado los detalles de la denuncia que tramitaron en su momento y que han mantenido a pesar del retraso en el tiempo. Firmaron en marzo de 2009, un día antes de su debut profesional con el Santos, un contrato con Neymar y sus padres (y su agente, Wagner Ribeiro) por el que le garantizaban 2 millones de euros, repartido en cuotas mensuales a cambio del 40% de tus derechos a una futura transferencia internacional.
35 millones de compensación
La paciencia y las costas judiciales invertidas persiguen el cobro de 35 millones de euros que creen que deberían haber recibido, correspondientes al 40% de sus derechos sobre Neymar, y las cantidades que han ido apareciendo con el tiempo en una de las operaciones más oscuras perpetradas por el Barça .
Operación que comenzó con una supuesta firma de 17,1 millones “y punto”, como alardeó Rosell al presentar al astro brasileño en 2013. Entonces el 40 millones para Neymar como un presunto expediente “limpio de impuestos, que serían 53 millones”, según el DIS, y otra serie de pagos encubiertos, en Contratos privados entre Barça y Santos: 4,5 millones por un amistoso y 7,9 por derechos preferentes en tres jugadores. Acuerdos que sirvieron para indemnizar al club brasileño cuando descubrió el pacto entre Neymar y el Barça a sus espaldas. Con esos 12,4 millones cubrió los 23 millones que debería haber recibido por el 55% que tenía de los derechos del futbolista. Sólo había recibido 9,4.
La versión de Florentino Pérez
El DIS basa su alegación original en el hecho de que Neymar fue rechazando ofertas sucesivamente cuando el jugador y el Santos habían acordado una cláusula de rescisión de 65 millones para salir de Brasil.
Esa es una de las razones por las que Florentino Pérez, El presidente de Madrid, está llamado a declarar este martes en el juicio que se está celebrando en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona. El dirigente debería confirmar que ofreció esa cantidad y que, además, para llevarse al delantero debió pagar 50 millones al padre de Neymar (era una compensación que tenía que devolver al Barça por el cobro de 40 millones) y 40 de la comisión que demandó los servicios del hijo.
Ni jurisdicción ni delito
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El bufete de abogados Baker McKenzie asume la defensa de Neymar, su familia y la empresa N&N y considera que los tribunales españoles carecen de competencia al tratarse de actos cometidos por ciudadanos brasileños en Brasil y que un delito del que se les acusa no es punible en su país tampoco es aplicable en un mercado de fichajes ya que el hecho de jugar en un equipo u otro recae en la voluntad del futbolista.
Los abogados entienden que el Santos había concedido a Neymar en 2011 una autorización para negociar con otros clubes cuando finalizaba su contrato en 2013 y que los 40 millones entregados por el Barça corresponden a un bono de fichaje. Asimismo, se niega un incumplimiento contractual con el DIS, ya que el acuerdo no contenía ninguna obligación para Neymar de fichar por un determinado club y que hay dos cláusulas en el contrato que la FIFA ha declarado contrarias a su reglamento.
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