La Diputación se suma a la estrategia internacional Fast-Track Cities, así como los ayuntamientos de 25 municipios que han formalizado su adhesión a esta red con su firma en apoyo al documento de la Declaración de París, en un acto celebrado en el Salón Regio de la institución provincial. Estos son Algeciras, Algodonales, Barbate, Bornos, Cádiz, Castellar, Chiclana, Chipiona, El Gastor, Jerez, La Línea, Los Barrios, Olvera, Paterna, Prado del Rey, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Setenil, Tarifa, Ubrique, Vejer, Villaluenga y Zahara de la Sierra. Estos municipios representan más del 80 por ciento de la población de la provincia.
La vicepresidenta tercera de la Diputación de Cádiz y jefa del Área de Igualdad, Carmen Collado, y el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, han acompañado a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que ha presidido este acto en el que las 26 entidades se integren en la llamada Declaración de París. También ha estado presente Jorge Garrido, coordinador en España de este proyecto.
Hasta la fecha este virus se ha cobrado la vida de más de 38 millones de personas y hay más de 79 millones de afectados. Aunque la ciencia ha hecho avances destacados que han cronificado una enfermedad en sus inicios letales y minimizado la carga viral para reducir los contagios, aún falta que las administraciones presionen para que deje de ser un problema de salud pública en 2030, que es lo que se persigue. con la iniciativa Fast-Track Cities. “Estoy segura de que en el año 2030 será una realidad y lo conseguiremos”, afirmó al respecto la vicepresidenta tercera de la Diputación, Carmen Collado.
El acto se ha celebrado previo a la Conferencia Mundial de la ONU sobre ciudades libres de VIH, que se celebra mañana en Sevilla y confirma el compromiso de España con este tema, el país que más apoyo ha recibido: 131 municipios ya adheridos a los que suman 25 Este Dia. Además, la de Cádiz es la tercera Diputación, tras las de Córdoba y Sevilla.
La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, destacó el papel de la administración más cercana en esta materia: “El papel de la acción local es fundamental”, afirmó, y subrayó su capacidad para, a través de la concienciación, “acabar con el estigma” de determinados colectivos especialmente castigados con esta enfermedad. Para ello, ha aludido a las campañas de comunicación y la acción social de los ayuntamientos para “seguir recordando que ninguna persona puede ser discriminada por su origen, orientación sexual, su género y tampoco, ni mucho menos, por su estado serológico”. “.
Calzón ha ofrecido las cuatro líneas de trabajo clave para cumplir los objetivos de la Declaración de París en los que se basa el proyecto Fast-Track Cities: prevención, diagnóstico precoz, acceso rápido a retrovirales y gestión de la cronicidad.
El papel de la administración local también ha sido destacado por David de la Encina: “Reivindiquemos desde nuestros pueblos esa adhesión de los alcaldes”, ha defendido el diputado, que ha señalado la incidencia de esta enfermedad en Cádiz, “sobre todo dentro el panorama mundial, ha sido una provincia dramáticamente dañada por el VIH y también con una importante respuesta social e institucional para contener este flagelo”.
La Declaración de París
La iniciativa Fast-Track Cities es parte de una red global formada por ciudades y municipios de todo el mundo y cuatro socios principales: la Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos Programa y la Ciudad de París.
La Declaración de París supone la adopción de un conjunto de compromisos para lograr este objetivo. La declaración incluye la integración de las infecciones de transmisión sexual, la tuberculosis y las hepatitis virales. Propone acelerar, (de ahí el nombre, fast-track cities, es decir, ciudades aceleradas) las medidas para alcanzar el objetivo contra el VIH en 2030.
La Declaración incluye una serie de demandas alusivas a diferentes grupos: donantes, industria farmacéutica, comunidad médica, comunidad científica, líderes políticos y gobiernos, organizaciones internacionales y las comunidades de personas afectadas.
Las demandas incluyen aspectos como acabar con la criminalización social de los colectivos más afectados por el virus y defender su inclusión, visibilizar y atender los problemas de las minorías que viven en riesgo de marginación, desarrollar y priorizar la investigación innovadora, establecer un sistema justo de la ley de patentes, o favorecer la educación sexual, entre muchas otras cuestiones.
En el caso de las peticiones a los gobernantes, los compromisos que se les piden inciden en cuestiones como acelerar la acción a nivel local, garantizar los Derechos Humanos de las personas con VIH sin prejuicios ni estigmatizaciones, discriminaciones o represiones de ningún tipo, favorecer una acceso rápido y asequible al tratamiento, rechazar cualquier ley que discrimine a los grupos más afectados y asegurar su empoderamiento y autonomía, y acelerar el progreso hacia el acceso universal a servicios de salud de calidad.
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